lunes, 26 de octubre de 2026
La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y PROSAME BURGOS celebran la entrada en vigor hoy de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que detalla en un nuevo artículo, el 13 bis, cómo deben ser las intervenciones sanitarias y asistenciales en salud mental para garantizar el respeto a los derechos de las personas con problemas de salud mental.
El nuevo texto pone en el centro a la persona y establece que las intervenciones deben basarse en el consentimiento libre e informado, conforme a la legislación sobre autonomía del paciente, y respetar los deseos, voluntad y preferencias de la persona. La norma establece que se han de evitar las intervenciones involuntarias protocolizadas sin evaluación individual, el mantenimiento injustificado de medidas involuntarias y su utilización con carácter punitivo o disciplinario. También establece que las sujeciones o contenciones mecánicas solo deben considerarse en situaciones excepcionales. Amplía, además, las pautas para determinar cómo se deben aplicar los ingresos involuntarios, recogidos ya en una ley de rango superior como es la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 763), que requerirán autorización judicial previa, salvo cuando razones de urgencia hagan necesario el ingreso inmediato.
Para resolver dudas sobre la aplicación de la Ley e impulsar sus garantías con el mayor consenso posible, el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad convocó ayer, jueves 22 de octubre, una jornada de trabajo a la que asistieron sociedades científicas, así como la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y la Asociación Hierbabuena, en calidad de organizaciones de representación y defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental y sus familiares.
“Somos conscientes de que esta normativa está despertando incertidumbre entre algunos sectores especialmente vinculados a la práctica diaria, pero debemos valorar este avance como la extensión de la protección a personas con problemas de salud mental en las situaciones en las que más vulnerables se encuentran, es una cuestión de derechos para ellas y para cualquier persona que pueda verse en una situación similar”, apunta Nel González Zapico, presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
“Vamos a colaborar y a apoyar al Ministerio para que esta normativa, que llevamos años reivindicando desde la Confederación, se desarrolle con todas las garantías necesarias para todas las partes implicadas”, asegura el presidente de la Confederación.
“Que las y los profesionales que atienden a personas en situación de crisis de salud mental dispongan de cauces para garantizar los derechos de estas personas a ser escuchadas es primordial, porque desoír sus voluntades y preferencias puede llegar a ser traumático”, añade González.
Los ingresos involuntarios ya estaban regulados por el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tal y como aclara el Ministerio de Sanidad, “la nueva norma establece los supuestos que permiten el ingreso por urgencia vital -definida como amenaza a la vida o la integridad de la persona o de terceros- y concreta las garantías y los requisitos que deben cumplirse: agotar las alternativas voluntarias, consultar las voluntades anticipadas, proporcionar los apoyos necesarios y ofrecer información accesible al paciente”.
La Confederación lleva años denunciando el impacto negativo del uso de medidas coercitivas en el marco de la atención a la salud mental y reivindicando un modelo comunitario y basado en los derechos humanos. El 60,1% de las personas con un diagnóstico de salud mental ha sido ingresado de forma involuntaria, mientras que un 40,3% recibió poca o ninguna información clara, suficiente y comprensible sobre su trastorno, según el informe ‘La situación de la salud mental en España’, publicado en 2023 por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y la Fundación Mutua Madrileña.
En 2023, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA publicó el informe ‘Tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental’, elaborado junto con el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, que ponía de manifiesto la necesidad de modificar la legislación vigente para que los procesos y protocolos de abordaje de la salud mental respeten los derechos fundamentales de las personas con problemas de salud mental.
A partir de un análisis de la legislación vigente en España en materia de atención sociosanitaria a la salud mental, se constató que todavía se llevan a cabo algunas prácticas, como los ingresos y los tratamientos involuntarios, que están enfrentadas al enfoque de los derechos humanos y violan los preceptos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
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